La Justicia entrerriana ordenó suspender por 20 días hábiles las medidas de fuerza anunciadas por los gremios docentes Agmer y Amet para la semana próxima y fijó una audiencia entre las partes para el lunes con el objetivo de "garantizar el acceso a la educación".

De esta manera, se dispuso la conciliación obligatoria que solicitó el Consejo General de Educación de Entre Ríos al Juzgado Laboral, luego de que los sindicatos convocaran a un paro y movilización en reclamo de mejoras salariales.

"No significa el fin de las paritarias ni la intencionalidad de anular el ejercicio del derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución sino que, por el contrario, es una medida necesaria de urgencia en función de la falta inminente de servicio educativo y de restablecimiento de un medio y ámbito de diálogo que permita intentar arribar a un acuerdo en pos de todos los actores del conflicto y de quienes son receptores directos de sus consecuencias", expresó la jueza del Trabajo Gladys Pinto.

La resolución judicial además alcaró: "entendemos que corresponde a las Asociaciones Gremiales y Sindicales ajustar el ejercicio constitucional del derecho de huelga, evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación, sobre todo el de niños y adolescentes, con la consecuente incidencia en las familias y la comunidad".

La Justicia entrerriana consideró la enseñanza no como un servicio público, sino como un "servicio social" y es en ese marco asume que es "una actividad dirigida al mejoramiento de los individuos, especialmente a aquellos más vulnerables".

En el escrito se mencionó la "desigualdad" que se genera entre aquellos alumnos que asisten a establecimientos públicos y aquellos que concurren a escuelas privadas.

"El ejercicio de un derecho no puede ir en desmedro de otro", afirmó la jueza.

La magistrada no prohibió que continúen los reclamos del sector docente hasta lograr el esperado consenso, pero pide una "cuidadosa ponderación de los derechos en juego".

"El conflicto se ha generado entre el C.G.E. y las entidades gremiales A.G.M.E.R. y A.M.E.T. ejerciendo éstas últimas su derecho constitucional de huelga, pero los directamente perjudicados son terceros ajenos a dicho conflicto -al menos en lo que refiere a la cuestión salarial- y que no han tenido oportunidad de ser oídos antes de tomar la decisión finalmente adoptada", afirmó la jueza.

En el marco de esta conciliación obligatoria, la jueza Pinto dispuso una audiencia para el lunes.

Pero cuenta con un período de 20 días hábiles para que se entablen negociaciones con la intención de que se arribe a un acuerdo salarial.
Fuente: Noticias Argentinas