El fenómeno está asociado a que los programas asistenciales no llegan a compensar las consecuencias de la alta inactividad laboral. Esta debilidad alerta sobre los costos sociales de seguir apostando al continuismo del desequilibrio fiscal y la falta de competitividad ya que ambas llevarán a la devaluación y a la aceleración de la inflación.

La alternativa es abordar con responsabilidad y profesionalismo una profunda revisión y modernización del sector público.

El INDEC difundió el informe sobre la distribución personal del ingreso. Las series publicadas por el organismo oficial señalan que la desigualdad ha disminuido mucho entre los años 2003 y 2012, momento a partir del cual no se observan progresos importantes. En síntesis, desde hace aproximadamente 3 años la distribución del ingreso está estancada.

Este escenario constituye la base sobre la que se deben analizar los impactos sociales que tendrán las estrategias del próximo gobierno para superar los profundos desequilibrios macroeconómicos acumulados. En especial, las acciones que tomará para morigerar el déficit fiscal y buscar alternativas genuinas de recupero de la competitividad.

En lo que toca a la distribución del ingreso, particularmente relevante es la situación en la que se encuentran los sectores más vulnerables. Según la información publicada por el INDEC referida a población urbana en el 2° trimestre del año 2015, se observa que:

En el 20% de los hogares urbanos más pobres vive el 28% de la población.

Estos hogares declaran disponer de un ingreso promedio mensual por persona de $1.300.

Esto implica que el 28% de la población más pobre vive con apenas $43 por día.

Estos datos oficiales muestran que una gran cantidad de personas declara vivir con recursos monetarios bastante míseros. Esto es consistente con la alta incidencia de la inactividad laboral que lleva a que muchos hogares, aun accediendo a programas asistenciales, sufran severas restricciones de consumo, incluso alimentarios. Que más de un cuarto de la población viva con $43 por día es un dato de la realidad que debería ser tenido en cuenta con especial cuidado a la hora de diseñar las políticas públicas.

En los estudios internacionales se suele adoptar como criterio que una familia con menos de 4 dólares diarios por persona es pobre y con entre 4 y 10 dólares es vulnerable. Con esta metodología y considerando los datos del INDEC y el valor del dólar que se transa legalmente en el mercado de capitales ($13,8), se concluye que el 28% de la población urbana sería pobre y un 42% adicional está en riesgo de caer en la pobreza si sobreviniera una recesión y/o se acelerara la inflación. Sólo un 30% sería clase media con medios para defenderse en una crisis económica.

Que el 70% de la población sea pobre o vulnerable es una fuerte señal de alerta de cara a la necesidad de abordar los desequilibrios macroeconómicos acumulados. Ser desaprensivos con este dato llevará a incurrir en enormes costos sociales como ya ocurrió en el pasado. El oportunismo político en tiempo electoral induce a no sincerar la situación y postular el continuismo, minimizando la relevancia del enorme déficit de las cuentas públicas y la falta de competitividad. Aumenta la alarma la falta de conciencia de la sociedad sobre la inviabilidad de la situación vigente y los costos sociales que acarreará su desenlace.

Si el próximo gobierno apuesta por la continuidad, una fuerte devaluación y la aceleración de la inflación serán las que hagan el “trabajo sucio� de licuar gasto público para encauzar las cuentas fiscales y recomponer la competitividad. Los costos de esta estrategia serán una profundización de la pobreza entre los que ya son pobres y el paso a ella de miles de familias vulnerables. El camino alternativo es tomar conciencia de lo gravoso que resulta posponer reformas que eleven la calidad institucional en el manejo del Estado. En otras palabras, aceptar que es socialmente muy costoso mantener la distribución indiscriminada de empleos públicos, jubilaciones sin aportes y subsidios a los servicios públicos y a las empresas públicas para financiar corrupción e ineficiencias.
Fuente: IDESA