En mayo del 2016, el Gobierno Nacional acordó con las Provincias, devolverles hacia adelante, en forma gradual y progresiva, la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realizaba la nación para financiar la ANSES. Eterno reclamo de los gobiernos subnacionales, que nunca había tenido respuesta por parte del gobierno kirchnerista.

Así, en el 2016, el Chaco recibió el 3 %, en el corriente año está recibiendo el 6 %, y progresivamente, en forma creciente llegara al 15% en el 2020.

Complementariamente, y con el objetivo de apoyar el financiamiento de las provincias, el Gobierno Nacional adelanto un 6% adicional, pero en forma de créditos a tasas accesibles a otorgar desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, los que se deben utilizar para Obras Publicas. El capital será devuelto por las provincias cuando la afectación del 15% haya desaparecido.

En este marco, la Provincia del Chaco, a través de la Ley N°7.821 y del Decreto N° 2033 del 20/9/16, instrumentó los términos y condiciones para que los Municipios de la Provincia accedan también al financiamiento en similares condiciones las que se acordó con la Nación.

En dicha normativa legal, queda explícitamente establecido, como primer requisito, que se debe contar con la autorización por parte de los Concejos Municipales para contraer el empréstito. Todos los gobiernos locales que están accediendo a esta asistencia así lo están haciendo. Salvo la Ciudad de Resistencia.

En la capital del Chaco, las actuales autoridades municipales se niegan sistemáticamente a cumplir con dicho requisito, violando claramente todas las normas de nuestra provincia que legislan sobre financiamiento a los Municipios. Recomiendo a tales funcionarios municipales, la lectura del Artículo 205 inc. 4 de la Constitución de la Provincia del Chaco, el artículo 137, inc.9 de la Carta Orgánica de la Ciudad de Resistencia y el artículo Nº15 del Reglamento para Municipios del Tribunal de Cuentas.

El debate de este tema, excede el ámbito de la comuna de la Ciudad de Resistencia. La Provincia del Chaco, acreditó $33 millones (de los $67 millones que le corresponden), sin ningún respaldo legal. La Legislatura Provincial, o como mínimo, el Tribunal de Cuentas, deberían solicitar informes y explicaciones al respecto a las dependencias provinciales correspondientes.

También podrían los otros municipios involucrarse en la cuestión, ya que si Resistencia no está autorizado a tomar ese crédito, el monto que le correspondía a la capital chaqueña ($67 millones), debería reasignarse entre los otros municipios chaqueños (también esto lo establece el decreto de la provincia).

No es la primera vez, que el actual Intendente de Resistencia viola normativas vigentes. Recordamos por ejemplo, el desvío de fondos de $100 millones (hoy bajo la lupa de la justicia) a la ciudad de Resistencia siendo Gobernador de la Provincia e Intendente electo, o los plazos fijos que tiene depositados, (más de 40 millones) sin ninguna autorización presupuestaria al respecto, o la intención de instalar basurales en localizaciones no autorizadas legalmente, etc., etc., etc.

Ahora, bien, ¿el intendente puede actuar al margen de la Constitución y las Leyes sin ninguna consecuencia; puede hacer lo que se le antoja impunemente?.
Lamentablemente, el relato kirchnerista goza de muy buena salud en el Chaco y salvo la honrosa y solitaria actitud de algunos concejales de la ciudad, tanto la Cámara de Diputados, como los otros Organismos de Control Constitucionales de la Provincia son manejados por el oficialismo, tornándose así, muy difícil revertir la impunidad con la que actúan nuestros gobernantes.