Para la Oficina las medidas de prueba pendientes pueden concluirse durante el transcurso del juicio oral sin que esto cause un perjuicio a los procesados.

La Oficina Anticorrupción solicitó que se rechace la postergación del juicio pedida por Cristina Kirchner en la causa “Obra Pública”

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10/02/2019 | 08:38

La Oficina Anticorrupción (OA), presentó este viernes un escrito para que se rechace la postergación del inicio del juicio oral solicitada por la defensa de Cristina Kirchner en la causa “Obra Pública”.

La OA, querellante en la causa, en su presentación ante el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF) resaltó que “no se ha demostrado o acreditado un gravamen actual al derecho de defensa de la imputada o al ejercicio de sus funciones durante esta etapa del juicio”. Los abogados de la imputada habían pedido la suspensión del juicio argumentando que todavía no está concluido un informe pericial. Sin embargo, para la OA “no se indicó de qué manera se fulminarían las garantías que dice afectadas si se comienza el debate sin que, por ejemplo, se haya finalizado el peritaje”.

Para la Oficina las medidas de prueba pendientes pueden concluirse durante el transcurso del juicio oral sin que esto cause un perjuicio a los procesados. “Entendemos que resulta necesario armonizar la garantía de defensa en juicio con los compromisos asumidos por nuestro país en diversas convenciones internacionales contra la corrupción, de sancionar actos de este tipo cometidos en el ejercicio de la función pública”, se sostiene en el escrito que cita a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En la causa se investigan irregularidades en la concesión de obra pública vial al “Grupo Austral”. También serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas, José López y otros ex funcionarios.

Cuando la Oficina Anticorrupción presentó su requerimiento de elevación a juicio en esta causa, resaltó que la ex presidenta de la Nación “continuó con las acciones de su antecesor, Néstor Carlos Kirchner, de dotar a la Dirección Nacional de Vialidad de elevados recursos económicos que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia vial de la provincia de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional”. Además, la OA señaló que “Fernández mantuvo la estructura institucional que había montado Kirchner con distintas personas de su confianza, que fueron ubicadas en cargos estratégicos con injerencia directa en el manejo de la obra pública vial”. De esta forma, la ex mandataria “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo su responsabilidad”.

Para la OA, Cristina Fernández de Kirchner es coautora de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa cantidad de contratos irregulares de obra pública vial en Santa Cruz. En total, las adjudicaciones cuestionadas fueron 51, totalizando un monto cercano a los 46 mil millones de pesos.

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