La represión político-policial desatada contra quienes se manifestaron en los alrededores de la Casa de Gobierno el miércoles 7 de mayo pasado ha sido una de las más violentas de los últimos catorce años. Sin embargo, fundamentalmente fue preparatoria y de entrenamiento organizado para reprimir después, ferozmente y hasta el escarmiento, durante el “miércoles negro� 4 de junio. Así lo revela un informe del Centro Mandela Chaco.

En el primer caso la violencia policial fue menor, aunque masiva e intensa, con la orden de disparar de la cintura para abajo, mientras que el 4 de junio los disparos y golpes aplicados por el personal policial fueron de la cintura para arriba. Todos los policías debían pegar y efectuar disparos. El que no lo hiciera tendría “su castigo�.

Las dos represiones, decididas políticamente por el gobierno chaqueño, organizadas y ejecutadas por la policía, parecieran que ya pasaron al olvido para la opinión pública, aún cuando la Multisectorial despliega muchos esfuerzos para que eso no ocurra. Pero, es importante efectuar un análisis de cómo y cuando el Estado maneja y recurre a la aplicación de la violencia institucional con fines políticos y de sometimiento social, cómo toma la decisión de organizarla y ejecutarla. Es trascendente que la comunidad conozca y tome conciencia de la extrema gravedad de los hechos ocurridos, sus consecuencias y sus responsables.

Ciclo represivo

El primero del actual ciclo represivo se produjo el 27 de abril de 2000, cuando los legisladores del Chaco se disponían a tratar cuatro leyes de ajustes enviados por el ex gobernador �ngel Rozas a la Cámara de Diputados, lo que provocó la crítica masiva de las organizaciones sociales y gremiales que fueron brutalmente sometidos a violencia policial. Las represiones, con mayor o menor intensidad, se repitieron durante las gestiones de Nikisch y también de Capitanich. La del día 7 de mayo de este año comenzó mucho antes de planificarse el operativo policial.

La línea política bajada a la Jefatura de Policía determinó el uso masivo del personal y de la violencia, cometiéndose todo tipo de excesos y delitos desde la función pública y policial. El mega-operativo fue absolutamente desproporcionado.

Todo confluye y autoriza a sostener que se planificó y se ejecutó un enorme dispositivo represivo, en dos etapas. Los trazos generales de la violencia institucional en las calles es historia aparentemente conocida porque los medios se encargaron de reflejar lo ocurrido en los fatídicos miércoles 7 de mayo y 4 de junio. Sin embargo, los detalles permanecen ocultos o son desconocidos. La opinión pública no advirtió que durante la primer represión se entrenó al personal policial para una segunda de mayor intensidad, más masiva y violenta, con persecuciones y cacerías, al estilo del operativo realizado por la policía federal que provocó varios muertos y desembocó en la caída del ex presidente Fernando de la Rúa. En la segunda represión, que se concretó el miércoles 4 de junio, no se produjeron muertes en Chaco por simple casualidad. La ferocidad policial fue extrema y el aval político comprendió la impunidad total, tal cual lo muestra la realidad judicial.

Orden de reprimir

La orden política no dejó margen para no reprimir. Los manifestantes no tenían que llegar a la Casa de Gobierno, ni reclamar en la esquina de Mitre y Marcelo T. de Alvear, como era habitual que lo hicieran los miércoles anteriores al 7 de mayo. Y los manifestantes no llegaron porque se ejecutó una feroz y masiva represión planificada días antes. Pusieron toda la carne en el asador para reprimir.

La Orden Policial de Operaciones 503 CEAC/14 (OO-503), del día 06 de mayo, que fue firmada por Ariel Acuña como Subjefe de Policía y Sergio Espeso como Director Ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control Policial (CEAC) desnudó la orden implícita de reprimir a los manifestantes y, al mismo tiempo, puso en evidencia parte de la profunda y compleja crisis del sistema de seguridad pública, que es una de las grandes deudas pendientes de la gestión Capitanich y su continuador Bacileff Ivanoff, quienes cometieron todos los errores posibles en cada una de las decisiones políticas que tomaron en esta materia, contribuyendo a la creciente inseguridad instalada que victimiza a la comunidad.

La OO-503 puso en evidencia graves irregularidades que mellan y distorsionan el funcionamiento policial, como la superposición anárquica de normas orgánicas y funcionales en la institución policial, las deficiencias en materia de planificación de los operativos, un doble y cuádruple comando simultáneo en los mega-operativos represivos. La firma conjunta de la OO-503 dejó al descubierto el doble comando operativo del Subjefe y el Director del CEAC. El último debería ser el conductor operacional de la fuerza policial, según la nueva ley de seguridad pública 6.976; pero, resulta que fue incorporado en el organigrama de la Policía, sin unidades operativas a su mando, según el Decreto 1255/12, que como norma reglamentaria también eliminó del organigrama el cargo de Subjefe. Este cargo subsiste en el marco de la ley orgánica policial 4.987, que contradictoriamente se sigue aplicando. El subjefe tiene bajo su mando las Direcciones Generales, entre ellas la de Seguridad Metropolitana, que fue la principal afectada para cumplir los operativos represivos. O sea que el doble comando se institucionalizó de tal modo que queda instalado como un grave y profundo desvío institucional, que puede provocar mayores consecuencias y daños sociales futuros.

El punto II° de la OO-503, que supuestamente estableció la misión del operativo policial del miércoles 7, es una muestra más de la continua y permanente superposición normativa que suponen la nueva ley de seguridad pública 6.976 y la ley orgánica policial 4.987. En vez de describirse la misión específica del operativo policial, como estaban obligados, los responsables se redujeron a transcribir artículos de las dos leyes, lo que constituye una grave irregularidad. Es evidente que el propósito que persiguieron fue la de crear un instrumento, supuestamente legal, para generar impunidad después de la represión, que fue el verdadero objetivo político-policial del procedimiento. Para ello, se dejó liberado el procedimiento a las prácticas operativas violentas, mientras que las decisiones serían y fueron ilegales, encubiertas bajo una maraña de supervisores y jefes de servicio. Esta es una de las claves para entender que a la decisión política para reprimir le sumaron toda la violencia policial posible hasta ese momento.

La OO-503 tiene un cuerpo principal y siete Anexos en los que se desarrollaron la distribución del personal y de los medios utilizados en el operativo represivo, de acuerdo a los seis emplazamientos donde debía intervenir el personal policial. En el organigrama del operativo es fácil descubrir la superposición de roles y de mandos. El dispositivo fue comandado por un Supervisor General, que fue el Director de Zona Metropolitana Comisario Mayor Miguel de Jesús Escalante, quién formalmente se desempeñó como jefe del operativo, asistido por 2 coordinadores y 6 supervisores, seguidos -bajo su mando- de 49 jefes de servicio.

Únicamente se afectaron 27 oficiales subalternos, que representó menos del 50% de los oficiales superiores y jefes dispuestos para el operativo, lo que es una verdadera contradicción en función de la pirámide de mando policial, que por supuesto provoca consecuencias muy negativas en los procedimientos policiales, que el miércoles 7 de mayo se convirtió en una enorme presión de numerosos oficiales superiores y jefes sobre el personal subalterno utilizado para reprimir.

La OO-503 también ordenó que los jefes de servicio debían comunicar las novedades a tres oficiales superiores. Dos de ellos, el Director de Zona Metropolitana y el Director de Operaciones Metropolitana, fueron designados como máximos responsables del operativo, mientras que el tercero -el Director General de Seguridad Metropolitana, Comisario Mayor Juan Ramón Machuca- no fue afectado al operativo. De esta manera, los jefes de servicio estuvieron sometidos a un triple comando, con la obligación de reportar novedades y de recibir directivas de los máximos conductores de la Dirección General de Seguridad Metropolitana. Si a esto le sumamos que también estuvieron sometidos al control de los supervisores de zona, llegamos al absurdo de un cuádruple comando operativo, quebrantándose una regla de oro en la organización policial, que indica que cada subordinado debe responder a un solo jefe.

Violación del Protocolo Garré

La violación del Protoclo Garré es la cabal demostración de que se ejecutaría una represión distinta. El objetivo implícito de la OO-503 fue preparar el escenario para reprimir a los manifestantes, violando groseramente el Protocolo Garré sobre cómo debe actuar la policía en casos de manifestaciones públicas. En la mencionada orden no existen directivas para el cumplimiento de cada uno de los puntos del Protocolo Garré. Al contrario, algunas directivas impartidas violan sistemáticamente dicho Protocolo aprobado por el Decreto 989/12, otros protocolos incorporados en la Ley de Seguridad Pública 6.976 y derechos consagrados en la Constitución Nacional.

En el cuerpo principal y en los Anexos de la OO-503 debieron establecerse directivas expresas, que fueron omitidas seguramente de manera deliberada. Debieron fijar instrucciones específicas para generar caminos alternativos de circulación para el tránsito y regularlo durante las manifestaciones, para iniciar una negociación en un tiempo razonable con la intervención de un funcionario político y sin la participación de funcionarios afectados al operativo policial, para evitar el uso de armas de fuego, balas de goma y gases lacrimógenos, con especial consideración de los grupos vulnerables como niños, discapacitados, mujeres y ancianos; no molestar ni interrumpir el trabajo de la prensa.

La violación del Protocolo Garré demuestra que las verdaderas intenciones eran, desde el principio, otras y que para ello contarían con el aval político suficiente para, llegado el caso, brindar cobertura institucional e impunidad al personal policial. Es inexplicable que dos funcionarios policiales de la más alta graduación en la fuerza policial, como Acuña y Espeso, hayan omitido ordenar el cumplimiento del Protocolo Garré. Ambos, como a quienes tuvieron mando y control sobre el personal que ejecutó la represión, les caben responsabilidades por severos incumplimientos legales, que seguramente permanecerán ocultos.

Efecto colateral: daño social por disminución del servicio de seguridad preventiva

Para la ejecución de la OO-503 se afectaron, como mínimo, 640 policías de 22 localidades del Chaco. El mega-operativo policial represivo debilitó el servicio de seguridad preventiva en la población. El carácter ordinario del servicio obligó a los jefes de unidades policiales a afectar una cantidad importante de efectivos y a dejar en apresto a la guardia saliente en la mañana del 7 de mayo. Para Comisarías de pueblos como Cote Lai, Charadai, Margarita Belén, Isla del Cerrito, Colonia Benitez, General Vedia, Puerto Bermejo, Puerto Eva Perón, Makallé, La Escondida, La Verde, Basail, afectar el único automotor con que cuentan, su chofer, una dotación de tres policías, más el jefe de dichas comisarias significa dejar desguarnecida la seguridad preventiva de tales comunidades, recargar de servicio a la guardia saliente luego de doce horas de trabajo, quitándole horas de descanso obligatorio, con el agravante que al otro día, es decir el 8 de mayo, tendrían que volver a Resistencia a ejecutar un nuevo servicio para cumplir con otra orden de operaciones con motivo de nuevas manifestaciones sociales y gremiales, esta vez en repudio de la represión del día anterior, tal cual ocurrió.

La disminución del servicio de seguridad preventiva en el área metropolitana del Gran Resistencia ha sido muy significativa. Se afectaron alrededor de 250 efectivos de las comisarías de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Vilelas, a lo que se sumaron 90 efectivos de grupos de infantería y de la División Central de Despacho del 911, 40 efectivos de la Policía Caminera, 20 montados de la Policía Rural, un grupo del COE, más la División Canes y 10 motoristas del Cuerpo de Operaciones Motorizadas, redondeando la friolera de, aproximadamente 450 efectivos de las unidades operativas que deberían estar al servicio de la comunidad, cubriendo la seguridad preventiva. Si sumamos el personal de dependencias administrativas y unidades de apoyo, la cifra de efectivos se elevó a 570, aproximadamente. Sin lugar a dudas, el mega-operativo policial represivo provocó la desprotección y la falta de vigilancia en todas las ciudades del Gran Resistencia. Las víctimas de la represión policial y la comunidad pagaron un costo muy elevado en términos de inseguridad real. El daño social ocasionado por el gobierno es irrecuperable, independientemente del costo económico del mega-operativo.

Pero no solo se afectó el servicio de prevención de delitos, sino que se distrajeron la mayor parte de los recursos de la División Bomberos de Resistencia al desafectarse del cuartel tres autobombas, con sus respectivas dotaciones, a las que se sumaron dos dotaciones de autobombas afectadas a incendios forestales de Sáenz Peña y General San Martín, lo que hizo un total de 28 bomberos que fueron emplazados en lugares claves para actuar durante la represión. Entonces, la prevención de incendios, urbanos y rurales, también se ha visto disminuida, aumentándose notablemente los riesgos por posibles siniestros en gran parte de la geografía provincial. El peligro que se corrió fue real y concreto, aunque quizás pasó desapercibido. También se afectaron grupos de infanterías de Villa �ngela y General San Martín. Si sumamos los choferes que se ocuparon para los traslados, un total de 20 efectivos fueron destinados a la represión.

Represión y entrenamiento para garrotear con mayor ferocidad

Semejante despliegue de policías, vehículos y equipos para cuidar el orden y asegurar la circulación del tránsito en algunas calles y accesos de la ciudad, con motivo de las manifestaciones sociales y gremiales, aparentemente fue un exceso injustificable cuando en realidad fueron necesarios para ejecutar una masiva represión policial.

El organigrama de supervisión y control diseñado para el mega-operativo policial que se ejecutó el miércoles 7 de mayo fue absolutamente desproporcionado con relación al despliegue de recursos humanos y materiales. Todo confluye a corroborar, entonces, que se planificó y ejecutó un enorme dispositivo de carácter represivo, montado para dispersar y castigar a los manifestantes, no dejándolos llegar a los alrededores de Casa de Gobierno, como luego quedaría al descubierto por la brutal represión lanzada a partir de 100 metros de la sede gubernamental, en un radio de varias cuadras a la redonda. Pero eso ya es otra historia que los medios se encargaron de reflejar en aquel fatídico miércoles negro del 7 de mayo.

Lo más grave fue que este procedimiento policial fue organizado como campo de entrenamiento para la descomunal represión que se desató el miércoles 4 de junio, en la que no solamente se garroteó a los manifestantes, sino que fue persecución y cacería humana, hasta el escarmiento.