El doctor en Ciencias Jurídicas sostuvo que los cambios en la medida que regula las recetas de medicamentos "complica mucho el día a día de los afiliados" y criticó que va "en contramano de la realidad operativa que tienen las prepagas y el sistema de salud". "Si les rechazan las recetas, los afiliados van a tener que presentar amparos con medidas cautelares".

A partir de los cambios establecidos por la Superintendencia de Servicios de Salud, sobre un cambio fundamental en los planes de salud cerrados de las obras sociales, a través de la definición de requisitos específicos respecto al pedido de recetas médicas, el magíster en Justicia Constitucional, Manuel Luaces, sostuvo que la medida coloca a los afiliados en “una carrera de obstáculos en el derecho a la salud�. “Va a haber que plantear la inconstitucionalidad de esta resolución�.


Me parece que la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud vuelve a retroalimentar este fenómeno de poner a los afiliados a obras sociales y prepagas en una verdadera carrera de obstáculos en el derecho a la salud.

La verdad es que lo que hace es sumarle una complicación adicional a la operatoria diaria. Lo que te dice, como bien dijiste vos, es que los afiliados a planes cerrados no van a poder recibir órdenes médicas y recetas de médicos por fuera de su cartilla para medicamento, órdenes que te indiquen una prótesis importada o nacional, una intervención quirúrgica, un remedio oncológico, un tratamiento para personas con discapacidad, etc. Es decir, complica mucho el día a día de los afiliados.


Además, hay que tener en cuenta que en el contexto de los aumentos que se fueron dando a lo largo del año 2024, los que no se cayeron del sistema, recordemos que hay 6 millones de personas en el universo de la medicina prepaga afiliadas y para marzo se habían ido del sistema 600 mil personas por no poderlo pagar, pero los que no se cayeron del sistema, muchas veces lo que sucedió en estos meses es que la empresa de medicina prepaga les ofreció un plan más económico y de menores prestaciones, los famosos planes cerrados. Entonces, lo que sucedió a lo largo del 2024 es que mucha gente pasó de un plan abierto a un plan cerrado, y ahora se va a encontrar con esta limitación.

La resolución habla de médicos que integran la cartilla de la prepaga, y no tiene en cuenta que hay una enorme rotación de profesionales en las cartillas.

Además, pensemos un ejemplo práctico: uno tiene una enfermedad grave, se viene tratando con un médico, se hizo operaciones, tiene que continuar con un tratamiento y tiene un vínculo de confianza profesional con este especialista. Con esta resolución, si el médico tiene que hacer órdenes médicas o nuevas recetas, no te las va a poder hacer.

La gente recurre a los médicos por fuera de la cartilla, casi siempre, por dos motivos: tardan un montón en darte un turno y, muchas veces, sobre todo en las obras sociales más chicas, no hay especialistas específicos para determinadas problemáticas, nos pasa mucho en el estudio con las enfermedades pocos frecuentes, y ni hablar si salís del AMBA. Cuanto más te alejas de la realidad del AMBA más difícil es encontrar especialistas, por eso, muchas veces, a pesar de tener una prepaga, debes invertir en un médico particular.


Lo que veo es que se va a retroalimentar el fenómeno de la judicialización, porque lamentablemente, lo que vimos a lo largo del 2024 es una Superintendencia de Servicios de Salud que no cumple con su rol institucional, porque el rol de la Superintendencia de Servicio de Salud es armonizar los intereses que tiene que tener la empresa de rentabilidad con la función social y los intereses de los derechos a la salud de los afiliados.

Con una superintendencia que no regula y no interviene en este mercado de especiales características, los afiliados van a ver que les rebota la recetas y van a tener que presentar amparos con medidas cautelares para garantizar su acceso a la salud, su remedio oncológico, su prótesis, su medicamento costoso o su tratamiento ante el rechazo de la prepaga.

También va a haber que plantear la inconstitucionalidad de esta resolución, que en términos de derechos humanos y de acceso a la salud es completamente regresiva y va en contramano de la realidad operativa que tienen las prepagas y el sistema de salud argentino.

Fuente: perfil.com