¿Qué hilo invisible une a tres intendentes cordobeses, potentados empresarios y hasta los tentáculos de la sanguinaria banda narco rosarina de "Los Monos"? En la Justicia Federal de Córdoba el juez Alejandro Sánchez Freytes acaba de dictar una resolución que algunos se animan a definir como histórica dentro de la torre ubicada a metros del Parque Sarmiento: 35 personas fueron procesadas en una causa de presunta megaevasión a través de “usinas� de facturas apócrifas, administración fraudulenta y

Una megacausa que nació en 2019 y que en un primer momento tuvo tres fiscales, Enrique Senestrari, Maximiliano Hairabedian y el entonces titular de la fiscalía federal de San Francisco, Luis Viaut (luego condenado en otro proceso), pero que finalmente quedó concentrada en manos del primero.

Todo había empezado, casi por casualidad, un año antes, cuando un joven de 22 años llegó hasta el edificio de los Tribunales federales. “Mi mamá me dijo que viniera acá porque me llegó una carta de la Afip�, dijo, antes de revelar lo que se iba a convertir en la punta de la madeja de una de las causas más grandes de los últimos tiempos.

Hacía unos días le había llegado una intimación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). El monotributo del muchacho, que se dedicaba al break dance (un baile al estilo hip hop que se realiza en las plazas públicas), estaba generando facturas por montos voluminosos.

De inmediato, un empleado judicial lo sentó y comenzó a hacerle preguntas. El joven insistía en que él jamás le había dado una factura a nadie. El verano anterior, recordó, había estado trabajando dos meses en Villa Carlos Paz. Luego, regresó a la ciudad de Córdoba y continuó con su hobby. Estaba inquieto: la carta de la Afip le auguraba problemas.

En Tribunales federales lo tranquilizaron. Y lograron que hiciera un poco de memoria. Entonces recordó que un conocido le había pedido la clave fiscal. A cambio de sólo unos pocos pesos, le había asegurado que se despreocupara.

Comenzaba, en aquel momento, una gigantesca investigación que hoy tiene 15.995 facturas bajo sospecha, emitidas desde el 1º de enero de 2018. En un primer momento hubo 45 imputados, 17 de ellos con alguna clase de detención (en prisiones o domiciliarias), y una importante colección de vehículos de alta gama, de cuadriciclos y de yates secuestrados.

En síntesis, se persigue a una presunta organización que al parecer generaba facturas apócrifas, las que luego eran vendidas a empresas y particulares que buscaban simular gastos para evadir el pago de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).

Pero esto no es todo. De acuerdo a la misma investigación, había un grupo de intendentes que compraban estas facturas "truchas" para simular gastos públicos que en realidad no hacían, según se desprende del expediente.

Bajo esta acusación figuran el hoy exintendente de Saldán, Cayetano del Valle Canto, el exintendente de Mendiolaza y hoy asesor de la Unicameral de Córdoba, Daniel Salibi y la actual intendenta de Saldán, Hebe Carolina Cristori quien al momento de los hechos bajo sospecha era la tesorera del municipio. Junto a ellos también fue procesado el secretario de Gobierno de Saldán, Daniel Osvaldo Barón.

A todos ellos el juez Sánchez Freytes los acaba de procesar por el presunto delito de administración fraudulenta contra la administración pública.

Este apartado de la investigación tuvo una repercusión nacional cuando se descubrió, en una causa paralela, que Canto presumía ser un ganador serial del casino y de la Lotería, en un intento para justificar su importante evolución patrimonial de los últimos años.

Pero la causa federal tiene más sorpresas aún.

Uno de los empresarios procesados, Cristian Debarre, quien ostenta un estilo de vida más que holgado en su casa del country El Bosque, a la luz de todo lo que se le secuestró en un primer momento en el marco de esta causa, una vez que comenzó a ventilarse esta investigación vendió su empresa, el call center Corphone, uno de los más grandes de la provincia, a Diomedes Manuel Carbone.

Se trata de un hombre con múltiples causas en su contra, que hace unos años fue investigador por supuestamente lavar dinero de la sanguinaria banda narco rosarina "Los Monos".

Según se conoció a principios de 2023, los investigadores sospechaban en aquel momento que Carbone le había comprado Corphone a cambio de una deuda de 80.000.000 de pesos que tenía con Afip, además de una importante cantidad de dólares.

Cuando la investigación puso a Corphone en la mira, en un principio Debarre no figuraba en el radar. Sucede que como directora aparecía Silvina María Valeria Rincón, que luego se descubrió en realidad se ganaba la vida como empleada doméstica en la localidad de General Cabrera.

Otro de los directores, Sergio Gabriel Sosa, fue localizado en una modesta vivienda de Bialet Massé y, en el cotejo de sus datos particulares, se comprobó que tenía el beneficio del boleto social educativo.

Recién luego de escarbar en las profundidades de la firma se llegó a Debarre.

Otro empresario procesado es Germán Destefanis, dueño de la firma Softkey SA, quien “habría emitido un número no determinado con exactitud hasta el momento de facturas falsas a la empresa para documentar supuestas prestaciones de servicios que no se habrían llevado a cabo�, según se lo acusa.

Todo esto se ha desprendido de la misma “usina de facturas truchas�, cuya cúspide, en la investigación, lleva el nombre de Diego Alberto Vieyra Ferreyra (42), el acusado al que más hechos se le endilgan en este caso. Una maniobra de múltiples eslabones, según se lee en el procesamiento.

En total, se sospecha que fueron 107 personas a las que les utilizaron sus claves fiscales para generar facturas truchas: algunos las cedieron por algunos pesos o un trabajo temporal, otro para costear la quimioterapia de su madre, y varios más ahora dijeron que fueron engañados. El caso extremo es el de un joven de 19 años de escasos recursos que “facturó� 10 millones de pesos.

Estos eran contactados por los “reclutadores�, aquellos que también tenían nexos con una parte central de esta historia delictiva: los emisores. Se trata de quienes elaboraban las facturas por montos de hasta 10 millones de pesos para que empresarios y particulares pudieran simular gastos y lograran reducir, ante el control de la Afip, la carga tributaria de IVA y de Ganancias.

Entre los emisores y los empresarios, figuran los denominados “intermediarios�, quienes se comunicaban sólo por WhatsApp. Ellos se encargaban de unir a las partes.

En términos generales y simples: una empresa que obtiene ganancias por 100 millones de pesos simula haber efectuado erogaciones por 50 millones con el objetivo de reducir a la mitad la carga impositiva, ya que la Afip sólo exigirá impuestos por una hipotética ganancia de 50 millones de pesos.

En términos generales, se sospecha que por cada factura los emisores cobraban el 30 por ciento del monto generado. O sea, una factura de un millón de pesos se vendía a 300 mil pesos. Pero ese monto no era todo para el emisor, sino que se repartía, en teoría, entre los eslabones que iban interviniendo: el pago al dueño de la clave fiscal, al “reclutador� y al “intermediario�.

Ahora, al resolver los procesamientos contra 35 personas físicas y jurídicas, el juez también sobreseyó a otras 21 personas que formaban parte de la acusación inicial.

En ese sentido, el juez resaltó: “Se ha advertido en la causa que varias de las empresas y/o personas humanas imputadas del delito de evasión de impuestos agravada, han presentado planes de pago ante la AFIP, a los fines del reconocimiento y regularización de la deuda tributaria imputada en autos. En base a estas presentaciones, varias de las defensas técnicas han solicitado al Tribunal la extinción y/o suspensión de la acción penal de sus defendidos, teniendo en cuenta los beneficios establecidos por la ley 27.541�.

Se trata, al fin y al cabo, de otro “mérito� impensado de la investigación: que la ex-Afip haya podido cobrar lo que varios intentaron evadir.
Fuente Cadena3