A través del Decreto 339/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional eliminó una serie de programas destinados a PYMES y emprendimientos juveniles que resultaban ineficientes, discrecionales y afectan la dinámica natural del libre mercado. La medida está en línea con la política de desregulación de la economía y reducción del tamaño del Estado que viene llevando adelante el Presidente Javier Milei.

Se trata de iniciativas dirigidas a Pymes y emprendimientos juveniles que distorsionan precios y su otorgamiento, en muchos casos, era discrecional

La norma deroga más de una docena de artículos de las leyes 24.467 y 25.872, entre ellos el sistema de información MIPyME, las agencias regionales de desarrollo productivo, programas de certificación de calidad, apoyo tecnológico, exportación, y formación gerencial. También se disuelve el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven.

“Una buena política PYME es reducir regulaciones, dar libertad y tener una macro ordenada que permita el financiamiento. No es entregar caramelitos paliativos ni generar condiciones diferenciales que incentiven a mantenerse chico�, señaló el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre esta decisión. Y agregó: “En realidad, no queremos que las empresas sean siempre pequeñas, la pequeñez no es necesariamente una virtud. La pequeñez es por donde se empieza, pero el sueño es que nuestras PYMES eventualmente conquisten el mundo�.

Sturzenegger también cuestionó duramente la eficacia de los programas derogados: “Entre estos esquemas había agencias que nunca se desplegaron, capacitaciones irrelevantes, registros inútiles, consorcios de exportación que no tuvieron escala, vínculos forzados entre PyMEs y grandes empresas, esquemas de certificación de calidad, apoyo tecnológico e internacionalización que no lograron nada, y una burocracia costosa sin impacto positivo. Un expendio de recursos para beneficio de algunos privilegiados�.

“Un caso ilustrativo es el Programa Promoción de la Competitividad PyME, el Desarrollo de los Emprendedores y la Economía del Conocimiento, que en el proyecto de presupuesto 2025 preveía asistir a 150 empresas cuando en Argentina existen más de 500.000 PyMES. Un modelo para pocos, quizás amigos del poder, y eminentemente antifederal�, explicó.

El decreto se apoya en las facultades delegadas al Ejecutivo por la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública en áreas clave y habilita la reorganización o eliminación de funciones estatales consideradas innecesarias.

Además, la norma aclara que las derogaciones no eximen al Estado del cumplimiento de obligaciones asumidas durante la vigencia de los programas eliminados. El texto fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, como establece la Ley 26.122 para los decretos delegados.