Uno de los mayores obstáculos a la competitividad es la obsolescencia de los convenios colectivos de trabajo. La mayoría datan de las décadas de los ’70 y ‘80. La solución pasa por habilitar a las PYMES a negociar acuerdos con sus trabajadores, desenganchándose del convenio sectorial.

El INDEC informó que en el 1º trimestre del 2025 la población económicamente activa (PEA) creció respecto a igual periodo del año anterior y que el 75% consiguió empleo mientras que el 25% restante engrosó la desocupación. Por eso subió la tasa de desempleo. Pero lo más preocupante es que el aumento del empleo fue enteramente en la informalidad. Se trata de un proceso de degradación laboral de muy larga data.

Desde el 2012 el empleo asalariado privado registrado se mantiene estancado en alrededor de 6 millones de trabajadores. No hubo destrucción de empleo gracias a que el salario real cayó un 25% en el mismo periodo. Pero con la baja de la inflación deja de operar la flexibilidad que brinda la licuación de costos laborales. Por lo tanto, el ajuste pasará a ser con caída en el empleo formal. Esto aumenta la urgencia de abordar la modernización de las instituciones laborales. Frente a este desafío, con la eliminación de los recargos en las indemnizaciones, el régimen de despido dejó de ser el tema más importante. Las cuestiones que más dañan al empleo ahora son la litigiosidad exacerbada en el sistema de riesgos del trabajo y la obsolescencia de los convenios colectivos de trabajo.

Con relación a la negociación colectiva, según el relevamiento a diciembre del 2024 que publica la Secretaría de Trabajo de la Nación, se observa que:

Hay 6 millones de puestos de trabajo alcanzados por convenios colectivos.
Unos 4 millones de puestos de trabajo están alcanzados por los principales convenios colectivos sectoriales (como Comercio, Camioneros, Metalúrgicos, Sanidad, etc.).
De los principales convenios colectivos sectoriales, el 70% fueron celebrados en las décadas de 1970 y 1980.

Estos datos muestran el escalofriante nivel de antigüedad que tienen la mayoría de los convenios colectivos centralizados. Hay al menos 3 millones de asalariados que se rigen por convenios colectivos firmados cuando ni siquiera había internet. El principal daño es que más de dos tercios de estos trabajadores son contratados por PYMES. Las empresas más grandes tienen capacidad para lidiar con reglas arcaicas y muchas negocian su propio convenio colectivo. Pero las PYMES quedan sometidas a regulaciones irracionales que muchas veces son directamente inaplicables generando conflictividad laboral y obstaculizando la productividad.

Los convenios colectivos sectoriales son una poderosa fuente de ineficiencia. Hay casos, como el de metalúrgicos, que tiene definidas taxativamente más de 1.500 categorías ocupacionales diseñadas en 1975 cuando los procesos eran manuales y fordianos y no automatizados y digitales como en la actualidad. También es frecuente en los convenios, por ejemplo, que contemplen una gran cantidad de delegados gremiales, vitrinas, pizarras y tiempos para las asambleas cuando en la actualidad la comunicación fluye por Whatsapp. Otra de las consecuencias más nocivas es que obligan a aplicar escalas salariales iguales a universos de empresas y trabajadores muy heterogéneos impidiendo premiar el desempeño.

Los convenios colectivos sectoriales surgen de la negociación entre un grupo reducido de dirigentes empresariales y sindicales. Lo que acuerdan es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del sector, aunque no pertenezcan a la cámara empresaria o al sindicato firmante. La manera de imponer reglas definidas a nivel de cúpulas a todo el sector es a través de la homologación del convenio. Esta intervención del Estado, sobre un acuerdo entre privados, es engorrosa, burocrática y discrecional, adicionando inseguridad jurídica y conflictividad laboral en las empresas.

La solución no es –como reclama la CGT– relajar la intervención del Estado en la homologación. Tampoco eliminar la ultra-actividad para que cámaras empresarias y sindicatos estén obligados a celebrar nuevos convenios sectoriales. Lo que hay que evitar son los convenios sectoriales que imponen reglas centralizadamente quitando margen de maniobra a las PYMES. La solución es habilitar el desenganche del convenio sectorial. Esto es, que el empleador tenga la posibilidad de acordar con sus trabajadores un acuerdo propio que prevalezca sobre el convenio del sector. Dando esta libertad para negociar se podrá tener regulaciones más eficientes y equitativas que sean más acordes con la creación de empleos formales que los atávicos convenios colectivos de trabajo actuales.
Fuente: IDESA