En el marco del fortalecimiento de su gestión, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) estableció que todas las personas humanas y jurídicas que se encuentren inscriptas en sus distintos registros y/o sistemas deben fijar un Domicilio Electrónico. El objetivo es dar agilidad, eficiencia y transparencia en la gestión administrativa

Con la implementación de esta herramienta tecnológica el organismo sanitario busca optimizar la eficiencia y celeridad de sus trámites administrativos y agilizar procesos, reduciendo significativamente los costos operativos asociados a la gestión documental y la tramitación presencial.

La medida está contemplada en la Resolución 808/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, y se funda en la necesidad de adaptar las notificaciones por correo postal físico, a la actualización tecnológica de una administración pública ágil y eficiente.

A partir de la entrada en vigencia de la norma, los usuarios del SENASA deberán ingresar al SIGTR�MITE del organismo, informar una dirección de correo electrónico válida y un número de teléfono celular que será validado por el sistema.

El domicilio electrónico tendrá, en el ámbito administrativo, los mismos efectos jurídicos que el domicilio legal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones emitidas desde allí. Los documentos digitales transmitidos a través del servicio Domicilio Electrónico gozarán, a todos los efectos legales y reglamentarios, de plena validez y eficacia jurídica, constituyendo medio de prueba suficiente de su existencia y de la información contenida en ellos.

La nueva norma garantiza mayor trazabilidad, transparencia y seguridad jurídica en los procesos de organismo sanitario y simplificar los tiempos de interacción con los usuarios externos.

Las Leyes 19.549, 25.506 y 27.233 y en los Decretos 1.585/96, 815/99 y 776/19, son el marco normativo que sirve de referencia a la medida dispuesta por el organismo sanitario nacional con el fin de eficientizar las notificaciones, emplazamientos, intimaciones y comunicaciones de cualquier naturaleza, que deba realizar.

Esta norma contribuye, además, con la promovida digitalización de los procedimientos administrativos, la utilización de herramientas tecnológicas que optimicen la gestión pública sin papel.