La Municipalidad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, destapó un caso de presunto fraude y deshonestidad que involucra a 38 de sus empleados públicos. 16 certificados llevan la firma del mismo médico. Tras la auditoría, 20 regresaron a sus puestos

La investigación, iniciada tras una auditoría interna, reveló que numerosos trabajadores con licencias psiquiátricas se encontraban ejerciendo tareas remuneradas en otros ámbitos.

Germán Sepúlveda, Secretario de Gobierno de la Municipalidad, explicó que la investigación comenzó hace casi dos meses, alertados por un “incremento en el número de certificados médicos psiquiátricos� durante el primer semestre.

La auditoría profundizó al notar que 16 de estos certificados respondían a la firma del mismo profesional de la salud.

Los casos más "emblemáticos" y la connivencia médica

La investigación municipal arrojó luz sobre casos de flagrante contradicción entre la patología declarada y la actividad laboral real.

"Nos llamó poderosamente la atención que respondían al mismo profesional de la salud… empezamos a profundizar. Llegamos al punto en que tomamos conocimiento de algunos casos en los cuales, por ejemplo, la patología cambiaba mes a mes... Otros casos tenemos en los cuales empleados nuestros que están con certificado para [no] trabajar en la municipalidad no tenían ningún problema de desarrollar tareas", detalló Sepúlveda.

Entre los casos más destacados se encuentran:

Una docente universitaria de la Universidad Nacional de San Luis, con sede en Villa Mercedes, que dictaba clases mientras gozaba de su licencia psiquiátrica municipal.

Una abogada que no solo prestaba tareas como docente en el Colegio Normal, sino que ejercía la profesión en su estudio particular, actividades incompatibles con la licencia presentada para sus funciones en la Municipalidad.
El retorno masivo y la revisión del sistema

La reacción de los empleados ante la investigación municipal fue inmediata y reveladora. Tras la intimación de la Municipalidad para aclarar la situación, 20 de los 38 trabajadores regresaron a sus puestos de trabajo sin alegar ningún tipo de impedimento psiquiátrico.

El resto de los empleados involucrados se encuentra bajo apercibimiento y será sometido a un sumario administrativo. De forma inmediata, se ha suspendido el pago de salarios de los afectados.