El Gobierno argentino expresa su enérgico rechazo al conjunto de observaciones finales emitidas por el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) con relación al séptimo informe periódico de la Argentina.

El documento —abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista— exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos.
28 de noviembre de 2025

El informe omite selectivamente hechos graves ignorando de manera absoluta episodios de extrema gravedad ocurridos durante la administración de Alberto Fernández, entre ellos:

`79; Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Formosa durante la pandemia, con detenciones arbitrarias, centros de aislamiento ilegales y represión estatal.

`79; El luctuoso caso de Magalí Morales, muerta bajo custodia policial en circunstancias gravísimas que nunca fueron esclarecidas.

`79; Los excesos policiales registrados en distintos puntos del país durante la eterna cuarentena impuesta, que incluyeron detenciones sin control judicial, apremios ilegales y hostigamiento a trabajadores esenciales.

`79; El escándalo del Vacunatorio VIP, que involucró a buena parte de la dotación de altos funcionarios kirchneristas tales como el candidato a Diputado Nacional en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana y al entonces presidente del CELS, Horacio Verbitsky, evidenciando un uso discrecional abusivo e ilegal de recursos públicos en plena crisis sanitaria.

Ninguno de estos hechos aparece mencionado, pese a tratarse de casos emblemáticos en materia de abuso estatal y vulneración de derechos fundamentales. A pesar de que estas cuestiones fueron sagazmente omitidas por el Comité, permanecen inalterables en la memoria del pueblo argentino.

El documento está plagado de una narrativa que engrandece selectivamente al gobierno anterior. Elogia como “avances� una serie de medidas adoptadas durante el gobierno de Alberto Fernández, muchas de ellas de naturaleza ideológica y ajenas al mandato de la Convención contra la Tortura. La selección de políticas presentadas como positivas, sin análisis crítico ni contraste con evidencia contraria, demuestra una mirada parcial que excede por completo el rol técnico del Comité.

El tendencioso lenguaje del informe no sorprende porque sigue la mísma línea editorial del relator del Comité quien exhibió su exposición alineada con las agendas más radicalizadas del kirchnerismo militante.

Durante las sesiones del 12 y 13 de noviembre, la delegación argentina intentó sostener un diálogo constructivo. Sin embargo, se vio obligada a responder una sucesión de acusaciones politizadas y ajenas al mandato del órgano, claramente inspiradas en informes del CELS y otras organizaciones partidizadas, que el Comité adoptó como si expresaran posiciones objetivas y neutrales.

Mientras que presenta como políticas impecables a las del gobierno de Alberto Fernandez, asesta ataques infundados a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno nacional, cuyo objetivo es garantizar un espacio público libre de violencia y piquetes, y reforzar el apoyo a las provincias en su lucha contra el delito. Resulta llamativo el tono del documento al cuestionar las patrullas municipales del Conurbano bonaerense, que operan para compensar la desprotección en la que la provincia somete a millones de ciudadanos. A su vez, el Comité ignora la responsabilidad provincial en la gestión policial y penitenciaria en jurisdicciones donde surgen los casos que menciona.

Entre otra de sus flagrantes impresiciones, el informe del Comité atribuye al Poder Ejecutivo la responsabilidad por la falta de designaciones en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, cuando dicha atribución corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación. Presentar esta situación como incumplimiento del Ejecutivo constituye una desinformación impropia de un organismo internacional.

La Argentina ratifica su compromiso pleno con el sistema internacional de derechos humanos, la cooperación con los órganos de tratados y la lucha contra la tortura. Sin embargo, no puede dejar de señalar que el informe del Comité:

`79; carece de equilibrio

`79; omite hechos centrales de la realidad reciente,

`79; se aparta de su mandato técnico,

`79; reviste de una supuesta cosmética neutral a evidentes posiciones provenientes de organizaciones militantes.

El Gobierno argentino continuará trabajando por una política de derechos humanos seria, profesional y basada en hechos, y reclamará ante las instancias correspondientes que los órganos internacionales mantengan el rigor, la objetividad y la imparcialidad que sus responsabilidades imponen.