Desde el sector ambientalista lamentan que los platos rotos lo paguen las pymes y desmienten que el objetivo sea obstaculizar esa actividad.

En Chaco la problemática de los desmontes y la explotación de los bosques nativos es un tema de no acabar, pero las últimas semanas volvió a cobrar protagonismo y revivió la polémica que rodea al poder político, a la producción y a las organizaciones ambientalistas.

Fue por la reciente decisión del Superior Tribunal de Justicia provincial de hacer lugar a una medida cautelar presentada por la ONG “Conciencia Solidaria� para suspender el Ordenamiento Territorial (OTBN) vigente hasta el momento y, hasta tanto se defina si es o no inconstitucional, paralizar toda la actividad forestal chaqueña.

Se trata de un fallo inédito, pues en ninguna de las presentaciones judiciales anteriores se había ordenado detener incluso lo que se conoce como “aprovechamiento� del bosque, es decir, la actividad legal y regulada de explotación maderera. Eso afecta, en mayor medida, a las decenas de familias y de pymes que se dedican a esa actividad clave en la provincia, y desde dentro del sector, comentaron a Bichos de Campo que se estima que 40% de la mano de obra privada se queda hoy sin trabajo.

Se trata de la provincia que más superficie de bosques nativos perdió, alrededor de más de medio millón de hectáreas en los últimos 15 años. Esta decisión judicial suma una capa de complejidad más a un problema de larga data y, señalan desde las entidades proteccionistas, termina demostrando, una vez más, que los “platos rotos� lo pagan quienes trabajan por derecha.

El pasado 16 de diciembre, la máxima autoridad del Poder Judicial en Chaco dio lugar a una medida cautelar y suspendió la aplicación de la Ley 4005-R y de su modificatoria 4152-R. Ambas, aprobadas por el gobierno de Leandro Zdero, delimitaban el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), es decir, las zonas pasibles o no de explotación por parte de la actividad forestal.

La decisión a la que arribaron los jueces responde en realidad a un pedido de la ONG “Conciencia Solidaria�, en el marco de una causa iniciada para declarar la inconstitucionalidad del OTBN.

Pero, hasta que el Superior Tribunal de Justicia analice en profundidad ese pedido, ordenó la suspensión total del marco normativo vigente. Y, de forma inaudita, la medida alcanza a todas las “autorizaciones, permisos o habilitaciones vinculadas al cambio de uso del suelo, desmonte o intervención del bosque nativo�. Es decir, a toda la actividad forestal chaqueña que, hasta que finalice la feria judicial y el tribunal se expida nuevamente, aguarda en un clima de incertidumbre.

El abogado ambientalista chaqueño y miembro de la organización Aves Argentinas, Tomás Camarasa, calificó el caso como un ejemplo del “eterno retorno en la historia del Chaco�, pues asegura que las irregularidades que rodean al ordenamiento territorial aprobado en 2024 y modificado este año “son tan burdas y obvias� que las propias ONGs habían advertido a las autoridades que exponía a la provincia a ataques judiciales.

La razón está en el mapa aprobado por la legislatura, en el que se definen, mediante un semáforo, en qué áreas puede intervenir la actividad forestal y dónde no. Es la Ley de Bosques la que establece la necesidad de fijar ordenamientos territoriales como ese, pero la que establece también que, de ninguna manera, una modificación en el mapeo puede retrotraer niveles de protección, es decir, “teñir� de verde áreas que eran rojas o amarillas.

Entre los varios “vicios e irregularidades� que tenía el ordenamiento territorial aprobado en abril de 2024 (Ley 4005-R) las organizaciones ambientalistas calcularon que significaba el retroceso de categoría para más de 420.000 hectáreas a nivel provincial.

Eso concuerda con una de las principales hipótesis del sector, donde sostienen que poderosos empresarios suelen adquirir tierras teñidas de rojo -y por ende a bajo costo-, y luego presionar para recategorizarlas y hacer usufructo de ese monte. Ese es uno de los principales mecanismos de lo que han elegido llamar la “mafia de los desmontes�.

En realidad, parte de esas observaciones ya habían sido vertidas por la propia Dirección Nacional de Bosques cuando el nuevo OTBN fue aprobado en 2024, y eso motivó a que, tomando algunos de sus argumentos, se aprobaran las modificaciones vertidas luego en la Ley 4152-R.

“Es curioso, porque la Dirección de Bosques de un gobierno nacional que menos visión proteccionista tuvo en la historia argentina, les dijo ´no muchachos, esto no se puede hacer porque es un desastre´�, observó Camarasa, que igual advierte que las modificaciones incluidas luego no fueron más que un “siga siga�.

Hoy, tanto la ley original, como su modificación, fueron suspendidas.

Del otro lado de la vereda hay también un reclamo válido, el de toda la cadena de valor de industrias, aserraderos y pymes que, fruto de la decisión del Superior Tribunal de Justicia, no tienen certeza de cuándo podrán reanudar su actividad. Un reciente comunicado de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño (Aefoch) expresó su preocupación por el “vacío normativo sin precedentes� y su consecuente paralización económica.

Pero, aunque algunas voces apuntan sus dardos contra las entidades ambientalistas, lo cierto es que incluso desde allí alzan la voz por el efecto productivo. “A fin de cuentas, los que la pagan son también los pequeños y medianos que viven del bosque en pie�, señaló el referente de Aves Argentinas.

En la misma línea, el abogado Fabián Maggi, miembro de la ONG “Abogadxs Ambientalistas� observó que el “aprovechamiento selectivo� es una actividad distinta al desmonte propiamente dicho y aclaró que no es ella con la que quieren enfrentarse.

“El problema acá es el desmonte masivo que está impulsado casi exclusivamente por la actividad de las empresas tanineras y del carbón, ambas destinadas a la exportación. Ese es el motor de la depredación del bosque y la corrupción estructural en la provincia�, agregó el especialista.

En ese sentido, la afirmación de Maggi abre la ventana a otro aspecto que vuelve a ponerse en discusión con la reciente suspensión del ordenamiento territorial: que existe una franja de poderosos empresarios que se mantienen al margen de toda regulación y que, sin represalias, se benefician de la explotación de la madera que proviene de los desmontes ilegales. Muchos de ellos, llevados a cabo con el propósito de incrementar la frontera agrícola.

“No se trata de tener una naturaleza intocable y que esté ahí nada más que para mirarla, sino de adecuar su uso a una mirada sostenible como lo indica la ley�, expresó, pues descree de los señalamientos desde el propio sector productivo, que apunta contra las organizaciones por obstaculizar su trabajo diario.

“Hay actores que concentran cierto poder y que tienen influencia tanto en la legislatura como en el gobierno, y les conviene que el OTBN no se avale para seguir usufructuando un esquema ilegal�, destacó, por su parte, Camarasa, que habla de un “circuito muy cerrado� donde sólo un puñado de firmas con suficiente escala procesan la madera deforestada y exportan con tanino y carbón con valor agregado.

Ese circuito, que funciona en detrimento de las pequeñas y empresas y familias que viven del “aprovechamiento forestal� se completa con un esquema de control laxo y con un sistema de penas bastante inocuo.

Meses atrás, Bichos de Campo cubrió la polémica que rodeó a las últimas modificaciones que se hicieron al régimen de sanciones por los desmontes ilegales. “No son disuasorias, es sólo un maquillaje�, expresó Camarasa, que asegura que, como las multas tienen descuentos de hasta el 50% y se pueden pagar en cuotas, y como además no se ejecuta la obligación de restaurar el bosque nativo, todo redunda en “una tomada de pelo�

“Se puede desmontar ilegalmente, vender la madera, pagar una multa irrisoria, y después recuperarlo con una siembra u otro usufructo posterior de la tierra�, afirmó el abogado.

Y agregó: “En Chaco se están perdiendo unas 50.000 hectáreas al año y no hay ni un antecedente de restauración. Es un chiste�.

No caben dudas de que la industria del tanino y el carbón constituyen importantes motores económicos para la provincia, pero lo que pone en duda el sector ambientalista es que esa actividad, sospechada de actuar -al menos en parte- en detrimento de los bosques nativos, tenga un “efecto derrame� sobre el resto de la comunidad.

“Esa supuesta explotación para generar riqueza y para que la gente viva bien en el Chaco parece no concretarse porque, a pesar de las cientos de miles de hectáreas arrasadas, es una de las provincias más pobres del país. Entonces, ¿dónde está esa generación de riqueza? En cuatro o cinco vivos que la tienen acumulada, no en la gente�, expresó Maggi.

En la misma línea, Camarasa lamentó que, mientras las figuras de peso en el sector siguen adelante con su usufructo -pudiendo incluso comprar la madera que fue deforestada, gracias al nuevo régimen de sanciones- “se pierden posibilidades de trabajo y se sigue expulsando a la gente del campo�.

“Esperamos que la Justicia ponga las cosas en su lugar. Porque en su momento ya hemos advertido al Ejecutivo y Legislativo e igual avanzaron con esta reforma contraria a la ley�, concluyó el abogado.

Fuente: bichosdecampo.com.ar