El sudoeste y oeste del Chaco atravesaron este jueves 15 de enero una de las jornadas más críticas del verano sin energía eléctrica y, durante largas horas, sin información oficial clara por parte de los organismos responsables.

Pasadas las 13 horas, un importante corte de suministro dejó sin luz a numerosas localidades, entre ellas Charata, Las Breñas, General Pinedo, Avia Terai, Gancedo, Pampa del Infierno, Campo Largo y zonas rurales aledañas. El apagón se produjo en plena siesta, con altas temperaturas y mucho consumo energético, agravando una situación que se extendió por más de seis horas en amplios sectores.

Recién cerca de las 15.30 comenzó a restablecerse el servicio de manera parcial en algunos puntos, aunque gran parte de las ciudades afectadas continuó sin energía hasta entrada la tarde. Incluso alrededor de las 17.45, cuando se anunció una restitución progresiva, vecinos de distintos barrios seguían reportando la falta total del suministro.

Más allá de la falla técnica —originada por la caída de un poste en la Estación Transformadora de Campo Largo, que provocó el desprendimiento de un cable de alta tensión de 132 kV— lo que generó mayor malestar fue la ausencia de información oficial oportuna. Durante varias horas no hubo comunicados públicos que explicaran qué había ocurrido, cuánto tiempo demandaría la reparación ni cuáles eran las zonas comprometidas.

La indignación se reflejó rápidamente en redes sociales, donde vecinos expresaron su enojo no solo por el corte prolongado, sino por el silencio institucional. El contexto no pasó desapercibido: el apagón ocurrió apenas días después de que SECHEEP convocara a una nueva audiencia pública para actualizar tarifas, lo que incrementó la sensibilidad social frente a la falta de respuestas.
El episodio dejó al descubierto una vez más una falencia que se repite: la falta de comunicación inmediata en situaciones críticas. En jornadas de calor extremo, con familias, comercios, instituciones de salud y adultos mayores afectados, el acceso a información clara y temprana no es un detalle menor, sino una responsabilidad básica del Estado y de las empresas prestatarias.

Mientras continúan las tareas para normalizar completamente el servicio, queda planteado un interrogante que excede el apagón puntual: qué protocolos de comunicación existen y por qué, una vez más, llegaron tarde cuando la población más los necesitaba.