Mientras la siniestralidad y las muertes en el trabajo se desplomaron en 2025, la industria del litigio no encuentra techo.

En el mundo del trabajo argentino conviven dos realidades opuestas. Por un lado, las fábricas, oficinas y obras son más seguras que nunca: durante el año 2025, los siniestros laborales cayeron un 55% y la cifra más esperanzadora muestra que los fallecimientos en accidentes de trabajo disminuyeron un 80%. Sin embargo, este avance en prevención no se refleja en los tribunales. Al contrario, la judicialidad laboral ha quebrado todos los techos históricos.

Durante el último año, se registraron 145.000 nuevos juicios laborales, lo que representa un promedio de 370 demandas diarias. Esta cifra no solo es un récord, sino que enciende las alarmas sobre la sostenibilidad del sistema de protección para los trabajadores.
El diagnóstico de las aseguradoras

Mara Bettiol, presidenta de la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART), es contundente respecto al escenario actual: “La judicialidad no para de crecer. En el año 2025 tuvimos un nuevo récord de ingreso de juicios laborales�, señaló a Cadena 3.

Para los especialistas, el problema no es la falta de seguridad, sino un sistema de peritajes que incentiva el conflicto. Según Bettiol, lo que hoy está en juego es el sistema mismo de riesgos del trabajo y, con ello, todos los beneficios en materia de prevención que se han logrado en las últimas décadas.

El fraude en la mira: certificados en terapia intensiva

El aumento de los juicios viene acompañado de casos que rozan el absurdo y exponen las grietas del control. Uno de los ejemplos más escandalosos citados en el sector es el de un médico que llegó a firmar 34 certificados de discapacidad mientras él mismo se encontraba internado en terapia intensiva, imposibilitado de realizar cualquier evaluación real.

Este tipo de maniobras alimenta una estadística reveladora: cuando los casos pasan por comisiones médicas oficiales, en el 90% de los expedientes se establece un 0% de incapacidad. Sin embargo, muchos de esos casos terminan en la justicia ordinaria, donde los resultados suelen ser muy distintos.

El conflicto de intereses en los peritajes

Uno de los puntos críticos que explican este fenómeno es el incumplimiento de la ley respecto a los peritos médicos. La normativa estipula la creación de un Cuerpo Médico Forense para realizar los peritajes, algo que en la práctica no se cumple.

Actualmente, los peritos suelen cobrar honorarios basados en un porcentaje de la indemnización que se le otorga al trabajador. Este esquema genera un incentivo perverso: cuanto más alta es la incapacidad determinada (aunque no corresponda), mayor es el cobro del profesional.
Un sistema bajo presión

La combinación de fraude, falta de peritos oficiales y el aumento desmedido de demandas pone a las aseguradoras en una situación delicada. Si el sistema de riesgos del trabajo se vuelve financieramente inviable por el peso de la judicialidad, los principales perjudicados serán los propios empleados, quienes podrían perder las garantías de prevención y asistencia médica inmediata que el sistema actual, pese a sus fallas, ha logrado consolidar.
Fuente: Cadena3