Tomando parámetros de ingresos y consumos no relacionados con ingresos gravados, ARCA podría llegar a multiplicar el pago mensual del monotributista de 40.000 a 570 mil pesos. ARCA envió centenares de miles de correos electrónicos recategorizando de oficio a monotributistas en todo el país y, en algunos casos, quienes pagaban 40.000 pesos mensuales podrían pasar a abonar hasta 570.000 pesos.

La medida se aplicó sin aviso previo y bajo un criterio que toma como parámetro todos los ingresos y consumos registrados en cuentas y billeteras virtuales, en un universo que alcanza a 4.880.000 contribuyentes, de los cuales el 85 por ciento se concentra en las categorías más bajas del régimen.

La decisión encendió una fuerte polémica no sólo por el impacto económico inmediato sino por el mecanismo elegido. Según denuncian especialistas y asociaciones de contribuyentes, el organismo recaudador se arroga la facultad de redefinir la categoría en función de los depósitos bancarios y los gastos realizados, sin distinguir el origen de esos movimientos ni contemplar que no necesariamente implican un aumento real de ingresos.


Javier Peralta, consejero de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, explicó que “ARCA se toma la atribución de recategorizar a los monotributistas en función de los depósitos en sus cuentas y los consumos realizados. El problema es que en ninguno de los dos casos eso implica necesariamente un aumento en los ingresos�.

Y detalló ejemplos concretos: un préstamo familiar, la venta de un auto o un regalo recibido pueden generar un ingreso en la cuenta bancaria sin que exista una mejora en la facturación.

Del mismo modo, la compra de un televisor con ahorros acumulados durante meses puede disparar un nivel de gasto que no refleja un salto en la actividad económica.

Peralta también cuestionó que la recategorización se realice antes de las presentaciones de Ganancias o Bienes Personales, donde muchos de esos movimientos quedan debidamente justificados. “Si se tiene una ganancia por la cotización de una acción y se utiliza ese dinero para consumir, eso figura en la declaración de Ganancias. Si se vendió un automotor, el ingreso queda registrado en Bienes Personales�, señaló.

Para el especialista, el problema de fondo es que el organismo invierte la carga de la prueba: presume que todo ingreso o consumo equivale a mayores ingresos anuales y otorga apenas 15 días para apelar, cuando debería ser el Estado quien demuestre el supuesto crecimiento patrimonial.

Noelia Villafañe, representante de Monotributistas Asociados República Argentina (MARA), describió situaciones que rozan lo absurdo. “Hay casos muy particulares: todos los hijos le transfieren dinero a su madre para regalarle un aire acondicionado y esa madre termina perjudicada porque ARCA presume que ese dinero es producto de su actividad económica�, afirmó.

En el caso de los monotributistas sociales, el impacto puede ser aún mayor: si son dados de baja y pasan al régimen común, pierden la obra social y deben volver a inscribirse en otra, en un contexto donde acceder a cobertura resulta cada vez más complejo.

Otro punto crítico es el plazo. El descargo debe presentarse en 15 días y los plazos comienzan a correr aun cuando la notificación no haya sido abierta. Si no se responde en tiempo y forma, el cambio de categoría se realiza de oficio.

Para pequeños contribuyentes que muchas veces no cuentan con asesoramiento permanente, ese margen resulta exiguo frente a una decisión que puede multiplicar por más de diez el monto mensual a pagar.

La controversia adquiere mayor volumen en un contexto donde el Gobierno ha avanzado con blanqueos y flexibilizaciones para grandes capitales. El economista Cristian Buteler advirtió que mientras se endurece el control sobre pequeños contribuyentes, existen operaciones por hasta 50 millones de pesos que no son fiscalizadas con el mismo rigor.

La crítica apunta a una asimetría evidente: se ajusta sobre el eslabón más débil del sistema tributario mientras se mantienen beneficios y regímenes especiales para grandes evasores.

En paralelo, desde el oficialismo se instaló la idea de que la mayoría de los monotributistas está mal categorizada o busca evadir. Sin embargo, el dato de que el 85 por ciento se ubica en las categorías más bajas muestra que se trata, en su mayoría, de trabajadores independientes, profesionales y pequeños emprendedores con ingresos acotados, en muchos casos golpeados por la caída del consumo y la volatilidad de precios.

Frente a la polémica, diputados de la oposición presentaron un proyecto para suspender por 180 días las recategorizaciones de oficio. En los fundamentos sostienen que, en un contexto de crisis profunda, con caída de ventas y retracción del consumo, los parámetros objetivos de facturación o gastos pueden no reflejar la verdadera capacidad contributiva. La inflación, remarcan, genera aumentos nominales que no implican mejoras reales y provoca desfasajes entre períodos.

La iniciativa propone suspender las recategorizaciones automáticas para cuidar la economía de los trabajadores autónomos y evitar que un salto abrupto de categoría derive en informalidad por incapacidad de pago.

Mientras tanto, miles de monotributistas enfrentan la incertidumbre de no saber cuánto deberán abonar el mes próximo y bajo qué criterios fueron reencuadrados. En un país donde el discurso oficial promete combatir privilegios, la lupa parece haberse posado, una vez más, sobre quienes menos margen tienen para resistir.