Mediante la Resolución 230/2026 se creó el Consejo Federal de Delitos Económicos, en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre la cartera nacional, las 24 jurisdicciones del país y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y Locales para la prevención y el esclarecimiento de la criminalidad económica.

El organismo funcionará como un espacio de articulación federal y circulación de datos, conectando a las áreas especializadas en esta materia de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Ministerio de Seguridad Nacional. A través de este ámbito se busca optimizar el seguimiento de causas, facilitar el flujo de información estratégica y brindar asistencia técnica de las fuerzas federales cuando las autoridades provinciales lo requieran, particularmente en aquellos casos con competencia federal o impacto interjurisdiccional.

Asimismo, permitirá analizar y compartir patrones delictivos que se desplazan entre distintas regiones, como la falsificación de moneda, el contrabando, los fraudes y las estafas. En particular, se promoverá la difusión de tipologías criminales, alertas tempranas y buenas prácticas investigativas, especialmente frente a fenómenos como las estafas digitales —entre ellas el phishing—, que suelen replicarse con rapidez entre provincias.

La creación de este ámbito también se vincula con las recomendaciones surgidas del último proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que impulsan el desarrollo de investigaciones financieras paralelas y simultáneas a los delitos precedentes. En ese marco, el Consejo apunta a robustecer el abordaje de la criminalidad organizada desde su dimensión económica, promoviendo estrategias investigativas basadas en el principio de “follow the money�, orientadas a identificar, rastrear y afectar los flujos financieros ilícitos vinculados a estas organizaciones.

De esta manera, el Consejo Federal de Delitos Económicos se consolida como una herramienta de coordinación federal destinada a mejorar la prevención, detección y persecución de este tipo de delitos, fortaleciendo la cooperación entre jurisdicciones y el intercambio de insumos estratégicos en todo el territorio nacional.