La iniciativa, presentada en medio del malestar generalizado por los últimos aumentos en las boletas de energía eléctrica, propone un organismo técnico y ciudadano con participación estatal, académica y de usuarios para revisar los cuadros tarifarios de SECHEEP y SAMEEP.

La propuesta es impulsada por los legisladores Tere Cubells, Nicolás Slimel, María Luisa Chomiak, Luciano Moser y Sebastián Benítez Molas.

Un grupo de diputados del Frente Chaqueño presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear el Consejo Provincial de Revisión y Transparencia Tarifaria de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, Agua Potable y Cloacas, un organismo que tendría intervención en la revisión, control y auditoría de las tarifas aplicadas por las empresas estatales SECHEEP y SAMEEP.

La iniciativa —registrada bajo el expediente N° 1005/2026— es impulsada por los legisladores Nicolás Slimel, Tere Cubells, María Luisa Chomiak, Luciano Moser y Sebastián Benítez Molas, en un contexto marcado por el creciente malestar social frente a los recientes aumentos en las facturas de electricidad.

El proyecto surge luego de meses de reclamos por parte de usuarios residenciales, comerciantes e industriales, quienes denuncian incrementos difíciles de afrontar, boletas poco claras y falta de mecanismos independientes que permitan controlar cómo se determinan los costos de los servicios públicos.

“La ausencia de mecanismos institucionales independientes de revisión y control ciudadano genera un déficit de confianza que impacta directamente en la legitimidad del sistema tarifario�, sostienen los fundamentos del proyecto.

Qué propone el proyecto
La iniciativa apunta a crear un organismo técnico y ciudadano con capacidad de intervenir en todos los procesos de determinación y modificación de tarifas de energía eléctrica, agua potable y cloacas.

Según el texto legislativo, SECHEEP y SAMEEP no podrían avanzar con aumentos tarifarios sin un dictamen técnico previo del Consejo, que tendría carácter vinculante. En caso de que el Poder Ejecutivo decidiera apartarse de esa recomendación, debería justificarlo mediante una resolución fundada y acompañada de documentación respaldatoria.

Además, el proyecto establece que el dictamen deberá aprobarse con una mayoría especial de dos tercios de los integrantes del organismo, con el objetivo de garantizar consensos amplios antes de cualquier modificación en los cuadros tarifarios.

También se prevé la obligación de las empresas prestatarias de entregar toda la información requerida sobre costos, inversiones y criterios de cálculo tarifario, bajo apercibimiento de sanciones administrativas. Esa documentación, junto con los informes técnicos y auditorías, deberá publicarse en formatos digitales abiertos y accesibles.

Cómo estaría integrado el Consejo

La propuesta contempla una composición plural, con representación estatal, técnica y ciudadana. El organismo estaría integrado por: dos representantes del Poder Legislativo provincial; dos representantes del Poder Ejecutivo provincial; el Defensor del Pueblo del Chaco; dos representantes de asociaciones de usuarios legalmente constituidas; un representante de universidades públicas con sede en la provincia y un especialista independiente en economía energética.

El proyecto además fija restricciones para evitar conflictos de interés: ninguno de sus integrantes podrá haber mantenido vínculos directos con empresas del sector durante los tres años previos a su designación.

Auditorías, tarifas sociales y participación ciudadana

Entre las facultades del Consejo figuran la revisión de cuadros tarifarios, auditorías sobre la estructura de costos de generación, transporte y distribución, y la elaboración de informes trimestrales sobre la evolución de las tarifas.

El organismo también podría intervenir en audiencias públicas, proponer esquemas de tarifas sociales y segmentación por niveles de ingresos, además de habilitar canales digitales y presenciales para recibir reclamos, consultas y propuestas de los usuarios.

Los fundamentos del proyecto sostienen que tanto la energía eléctrica como el agua potable constituyen servicios públicos esenciales, por lo que sus tarifas deben definirse bajo principios de razonabilidad, equidad, transparencia y accesibilidad.

Según remarcan los legisladores del Frente Chaqueño, la creación del Consejo no implicaría superposición con organismos ya existentes, sino la incorporación de una instancia adicional de control técnico y ciudadano sobre un tema de fuerte impacto económico para la población.

De aprobarse la ley, el Poder Ejecutivo provincial contaría con un plazo de 60 días para reglamentar su funcionamiento.
Fuente: Litigio.com