El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, aprobó un Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones para regularizar las deudas heredadas y acumuladas con empresas contratistas de obra pública en las áreas de Transporte y Obras Públicas, sin comprometer los recursos destinados a los proyectos prioritarios vigentes.

La medida, de adhesión voluntaria, abarca deudas en concepto de certificados de obra, de acopio de materiales y de redeterminación de precios -correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025- y en concepto de obligaciones pendientes de cancelación derivadas de contratos de obra pública extinguidos a partir del año 2024.

De esta manera, para garantizar el cumplimiento de las metas de equilibrio fiscal y saneamiento de las cuentas públicas, la cancelación de estas acreencias se realizará exclusivamente mediante títulos públicos del Tesoro Nacional valuados a su valor técnico, con un cupo presupuestario máximo fijado en $221.119 millones.

A cambio de recibir estos instrumentos financieros, las empresas contratistas de obra pública deberán suscribir un acta acuerdo en la que aceptan las condiciones de liquidación y desisten formalmente de cualquier reclamo administrativo o judicial pendiente contra el Estado, cerrando de forma definitiva los litigios vinculados a dichos contratos.

Con esta medida, el Gobierno Nacional avanza en el ordenamiento de los pasivos vinculados a la obra pública, brindando una herramienta concreta para regularizar obligaciones pendientes, otorgar mayor previsibilidad a los contratistas y fortalecer una administración responsable de los recursos públicos.

Además, se prevé que haya una segunda etapa de ampliación de esta medida para empresas contratistas del estado nacional que hayan realizado otro tipo de obras públicas.