La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación autorizó, mediante la Resolución 113/2026, la comercialización para todo uso de una nueva soja genéticamente modificada que incorpora tolerancia a herbicidas inhibidores de la enzima HPPD, glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D, y protección frente al nematodo del quiste de la soja (Heterodera glycines) y ciertos insectos lepidópteros.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación autorizó, mediante la Resolución 113/2026, la comercialización para todo uso de una nueva soja genéticamente modificada que incorpora tolerancia a herbicidas inhibidores de la enzima HPPD, glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D, y protección frente al nematodo del quiste de la soja (Heterodera glycines) y ciertos insectos lepidópteros.

La aprobación fue otorgada luego de completar satisfactoriamente las evaluaciones realizadas por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), que determinó que el evento acumulado no presenta riesgos nuevos o incrementados respecto de otras sojas comerciales y que su liberación al agroecosistema es tan segura como la de cualquier soja convencional.

En forma complementaria, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) evaluó la aptitud del producto para consumo humano y animal y concluyó que la soja es tan segura y no menos nutritiva que su contraparte convencional y otras variedades comerciales. Asimismo, la Dirección de Políticas de Mercados analizó el impacto potencial de su comercialización y determinó que no se identifican riesgos para las exportaciones argentinas de soja y sus derivados.

Como parte de las condiciones previas a la inscripción de las variedades que contengan este evento en el Registro Nacional de Cultivares del Instituto Nacional de Semillas (INASE), la empresa deberá presentar el correspondiente Plan de Manejo de Resistencia de Insectos (PMRI) y contar con su evaluación favorable, de acuerdo con la normativa vigente.

Esta decisión reafirma el compromiso de la Argentina con un sistema de evaluación basado en evidencia científica, que desde hace más de 30 años promueve la incorporación responsable de nuevas tecnologías para el sector agropecuario.