El deshonesto empleado, junto con tres cómplices, captaba a personas vulnerables de Navarro y retenía gran parte de los fondos estatales.

El Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín condenó a un empleado del Senado de la Nación que gestionaba pensiones graciables para personas de bajos recursos y luego se quedaba con la mayor parte del dinero entregado por el Estado.

El principal acusado es Gabriel Oscar Dib, trabajador de planta permanente de la Cámara alta, quien recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y otros tres de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Fue declarado autor del delito de concusión, que castiga al funcionario que abusa de su cargo para exigir pagos indebidos.

La causa también alcanzó a Miguel Horacio Basualdo, Gloria Beatriz Moreno y Adrián Rubén Minutillo. Los tres fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional como partícipes necesarios de la maniobra.

La organización operó, al menos, entre enero de 2011 y junio de 2012. Sus integrantes captaban a personas en situación de vulnerabilidad de la localidad bonaerense de Navarro y les ofrecían tramitar ante el Congreso un beneficio no contributivo.

Dib trabajaba en la Oficina de Pensiones Graciables del Senado y conocía el circuito administrativo. Desde allí funcionaba como enlace entre los despachos de los legisladores y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, entonces dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Las solicitudes fueron tramitadas por medio de los exsenadores nacionales Eduardo Torres, Fabio Biancalani y Jorge Banicevich, quienes pertenecían al Frente para la Victoria. Los legisladores firmaron las asignaciones, aunque la Justicia no les atribuyó complicidad ni participación en el delito.

Una vez aprobadas las pensiones, los condenados vigilaban los días de cobro y obligaban a los beneficiarios a entregarles el dinero acumulado al salir de las sucursales bancarias. Las víctimas declararon que les quitaban sumas cercanas a los $20.000 de aquel momento bajo el falso argumento de que se trataba de un pago obligatorio por la gestión.

El caso se inició a partir de una denuncia del propio Senado y concluyó mediante un juicio abreviado, en el que los cuatro acusados reconocieron su responsabilidad. El juez Esteban Carlos Rodríguez Eggers homologó las penas y les impuso reglas de conducta durante dos años.