La mayoría de las provincias entraron en déficit financiero. Frente a ello, es un error suponer que es un problema ajeno o acotado. Cuando el desequilibrio financiero provincial es generalizado pasa a ser un factor que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. Por eso, el gobierno nacional debe prestar atención a la situación.

Una de las razones por las cuales la actividad económica sigue estancada es la incertidumbre que subsiste respecto a lo sustentable que sería la estabilidad. Desde la salida del cepo para las personas humanas –en abril del 2025– la gente se mantuvo comprando dólares a razón de U$S 4.000 millones por mes. El fenómeno fue muy intenso antes de las elecciones de medio término. Sin embargo, habiéndolas ganado el oficialismo con contundencia, la demanda de dólares de las familias se mantiene en el entorno de los U$S 2.000 millones por mes. La incertidumbre lleva a la gente a proteger sus ahorros comprando dólares.

El proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca generar la confianza en la estabilidad de precios. El núcleo del proyecto es prohibirle al Banco Central emitir dinero para financiar déficits fiscales (nacional, provincial o municipal). El objetivo es obligar a que el Estado mantenga sus finanzas saneadas ya que no estará disponible la alternativa de la emisión monetaria. Con esto se busca que la gente confíe en que la estabilidad de precios y del dólar vinieron para quedarse definitivamente.

El Estado nacional, con mucho esfuerzo, muestra un superávit financiero del 0,1% del PBI. Cabe preguntarse cómo está la situación en las provincias. En este sentido, según datos del Ministerio de Economía se observa que:

En el 2023 había 13 provincias con déficit financiero con un acumulado que equivalió a -0,55% del PBI.
En el 2024 las provincias deficitarias bajaron a 6 con un déficit financiero acumulado que se redujo a -0,29% del PBI.
En el 2025 las provincias deficitarias volvieron a subir a 14 y el desequilibrio financiero total subió a -0,46% del PBI.

Estos datos muestran que la situación de la mayoría de las provincias en el 2023 era precaria. En el 2024 mejoraron su situación financiera gracias al golpe inflacionario de los primeros meses de ese año que les permitió licuar gasto público. Pero en el 2025, con baja inflación, el gasto público se recuperó llevando a la mayoría de las provincias a una situación deficitaria. Con el déficit financiero provincial, el sector público consolidado (nacional y provincial) termina con un desequilibrio financiero de -0,36% del PBI.

Dentro de los gastos que más subieron en las finanzas provinciales se destacan los pagos de intereses de deuda y el gasto previsional que generan las cajas no transferidas. Los intereses de deuda están afectados por las condiciones de mercado y por la creciente necesidad de financiamiento que genera el déficit financiero. Más nocivo para las finanzas públicas provinciales es la dinámica que muestran sus sistemas previsionales. Más de un quinto de los gastos totales de las provincias que mantienen las cajas jubilatorias de sus empleados públicos se explica por el pago de jubilaciones y pensiones. En la mayoría de los casos este es el componente más desestabilizante de sus finanzas.

La reforma sobre el Banco Central va en el sentido correcto de aportar credibilidad respecto a que la estabilidad de precios y del dólar serán sostenidas en el tiempo. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia del 2002, es imposible erradicar la posibilidad de que la prohibición a emitir para financiar déficits fiscales sea revertida. Por eso, es crucial avanzar en un ordenamiento integral del Estado. La herramienta idónea es un acuerdo de coordinación tributario y de responsabilidades entre la Nación y las provincias. Eliminando superposiciones de funciones se puede bajar el gasto público y aumentar la calidad de los servicios. Unificando impuestos (por ejemplo, creando el Súper IVA que absorba Ingresos Brutos provinciales y tasas a las ventas municipales) se puede eliminar impuestos distorsivos. No menos importante es abordar de manera coordinada y conjunta la reforma previsional. Las crecientes dificultades que enfrentan las provincias que intentan reducir sus desequilibrios previsionales demuestra la pertinencia de explorar estrategias alternativas.

Es un error asumir que con estabilidad las provincias harán los deberes cada una de manera independiente. Es al revés. Las provincias deben hacer los deberes para consolidar la estabilidad y recuperar el crecimiento. Y solo lo podrán hacer en coordinación con la Nación.